Valencia. Los funcionarios, obligados a formarse en riesgos laborales.
Dos de cada diez funcionarios de la Administración General creen que las condiciones en las que desempeñan su trabajo incumplen las exigencias de la legislación sobre salud y seguridad laboral. Son datos del Ministerio de Administraciones Públicas. La Generalitat Valenciana desconoce si estos guarismos son extrapolables a la Administración autonómica, pero ha decidido pasar a la acción con un Plan de Prevención que hará que los 21.000 empleados públicos reciban formación en riesgos laborales de manera obligatoria.
«Trabajo con más calidad, mejor remunerado y más seguridad en el entorno», son los tres pilares en los que, según el conseller de Justicia y Administraciones Públicas, Fernando de Rosa, ha de asentarse la administración autonómica, la primera de España en poner en práctica un Plan de Prevención de Riesgos Laborales con vigencia para los próximos cuatro años orientado a los empleados públicos de la Generalitat y de los órganos judiciales de la Comunidad Valenciana.
El plan contempla la imposición a los funcionarios de la obligación de asistir a cursos y jornadas formativas, 15 horas anuales en las que recibirán conocimientos generales sobre salud y seguridad laboral y otros más específicos relacionados con las condiciones de su puesto de trabajo.
El plan se estructura en dos fases, una inicial para todos los puestos de trabajo, de ocho horas de duración, y una específica por puesto, de 7 horas de duración.
Los empleados públicos, a los que se repartirá una Guía Básica General de Prevención en Riesgos Laborales con los principios básicos sobre la materia, recibirán la formación de manera gratuita y dentro de su horario laboral.
«Desde la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas estamos trabajando no sólo para mejorar las condiciones económicas y laborales de los funcionarios, sino también para que cada empleado realice sus funciones en las mejores condiciones», subrayó el titular autonómico de la materia, que quiere que esa guía sea el «libro de cabecera» de los funcionarios.
Actitud de interés
Además de facilitar la formación inicial mínima sobre riesgos y medidas preventivas aplicables, el plan se marca como objetivo alcanzar una actitud de interés por la seguridad y la salud y sensibilizar para que la prevención se integre en el conjunto de actividades y decisiones de los empleados públicos.
Se van a diseñar guías metodológicas, trípticos informativos, campañas de publicidad, cuestionarios y pruebas de evaluación, además de la edición impresa de la citada guía.
El Instituto Valenciano para la Administración Pública será el encargado de poner en marcha todo el operativo establecido para el seguimiento y evaluación de las acciones formativas incluidas en este plan, que ha de redundar, según De Rosa, en «mejorar nuestra Administración pública, lo que en definitiva repercutirá en un incremento de los niveles de calidad de los servicios públicos que prestamos a los ciudadanos».
19/03/2008 - ABC.
