Un cuarto de millón de funcionarios más en sólo 4 años.
Las administraciones locales y autonómicas contratan más empleados, mientras el Estado se mantiene.
La cifra de funcionarios públicos se sitúa en 2,51 millones y más del 50% corresponden a las administraciones autonómicas, según datos del mes de enero difundidos recientemente por el Ministerio de Administraciones Públicas (Map). Esta cifra supone un incremento cercano al cuarto de millón de empleados, en concreto 230.000 en la última legislatura, mientras que en los cuatro años anteriores apenas hubo variación, incluso se produjo una leve caída de 435 funcionarios.
El mayor impulso ha venido de las administraciones locales y autonómicas, especialmente de éstas últimas. Según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas elaborado por el Map, las comunidades aglutinan el 50,4% del total del empleo público; la Administración local (ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares), el 24,1%; mientras que el personal del Estado concentra la porción más pequeña, el 21,7%.
Sólo cuatro comunidades, Andalucía, Valencia, Madrid y Cataluña, suman más de la mitad del empleo público total. En concreto, 1,4 millones de funcionarios. En el caso de Madrid, a los de ámbito local y autonómico se unen los del Estado, por la mayor presencia de los organismos gubernamentales en esta región. Sin embargo, la comunidad que mayor número de funcionarios presenta es la andaluza, que suma ocho provincias y cerca de medio millón de trabajadores.
Si en los últimos años, el empleo público en el ámbito de la Administración general apenas ha crecido, en esta legislatura mantendrá la misma tónica, si se tiene en cuenta el recorte del 70% en la oferta de empleo público para 2009 planteada por el Gobierno.
Después de los asuntos sociales, que representan el 36,6% del gasto público en España, el segundo capítulo corresponde a las retribuciones de los funcionarios, que se alzan con el 26% del gasto, mientras que la media de los países de la Unión Europea es del 22,8%.
Descontento
La propuesta del Ejecutivo ha tenido ya su contestación, pues la Federación de Servicios y Administraciones Públicas (FSAP) de CCOO cree que antes de tomar esa decisión, el Gobierno tendría que haber negociado los criterios en la Mesa General de la Función Pública. A juicio de su secretario general, Miguel Segarra, la congelación del empleo público no podrá absorber los 6,1 millones de euros en gastos de personal de los 68 nuevos altos cargos creados, 30 de ellos pertenecientes a las nuevas agencias estatales.
06/07/2008 - La Gaceta.
