La policía identifica a diez menores implicados en la agresión masiva.
Las diligencias por la agresión, en la que al parecer participaron unos 30 chavales, en su mayor parte del Instituto de Enseñanza Secundaria Diego de Siloé, donde también estudia la agredida, han sido ya trasladadas a la Fiscalía de menores.
Según la denuncia que el padre formuló en la Comisaría de Policía Nacional, el origen de esta situación fue una pelea de su hija con una compañera de clase de la que había sido amiga, aunque se habían enfadado antes del verano 'por cosas de chavales'.
El padre, Alejandro González, sostuvo, en declaraciones a Efe, que lo 'realmente grave y lo que debería llevarnos a todos a reflexionar es por qué unos 30 chavales más se sumaron a la agresión con patadas y piedras'.
Después de que los padres de la menor pidieran ayer a la Junta de Castilla y León un cambio de centro, la Administración autonómica se lo concedió hoy al reconocer que, si bien la agresión no se produjo en el propio centro educativo, sí aconteció 'dentro del entorno escolar'.
El consejero de Educación, Francisco Javier Alvarez Guisasola, que reprobó lo sucedido y todo acto de violencia, especialmente sobre menores, sostuvo que junto a las medidas específicas que adoptarán como autoridad educativa 'les competen otras a las autoridades locales, la policía y los jueces' a la hora de actuar contra los supuestos agresores.
Precisamente, como novedad para este curso escolar, el consejero anunció que la Junta ha contratado un 'seguro multirriesgo para los centros y un seguro de asistencia y protección jurídica para los profesores y alumnos en caso de violencia escolar, y un derecho de asistencia letrada a los docentes que son demandados por motivos profesionales'.
En cuanto a la agresión, explicó que 'el padre de la niña acudió en primer lugar al centro, lo cual es una satisfacción porque quiere decir que los padres confían en el centro'.
Recordó que el padre de la niña solicitó el cambio a otro instituto, lo que 'se le ha concedido' y destacó que además 'fue el propio centro y sus responsables los que animaron a la familia a que denunciara el caso a las autoridades competentes, en este caso a la policía local'.
'Creo que ahora tenemos más conocimiento de los casos que se producen en el aula y además la sociedad ahora es más sensible a lo que sucede, todos hemos sido escolares y sabemos lo que ocurre en las aulas, y antes la sociedad no le daba la importancia que debería', reflexionó el consejero de Educación.
El padre de la menor agredida opinó que, en este caso, 'las autoridades educativas han reaccionado rápido y no les culpo por lo ocurrido, porque fue en el exterior del instituto, aunque fue a la salida de un examen y ya dentro la habían amenazado'.
El Defensor del Menor de Madrid, Pedro Nuñez Morgades, subrayó que los delitos cometidos por menores se están quedando en la impunidad por el 'inadecuado funcionamiento de las medidas alternativas a las penales del menor', e instó a jueces, fiscales y otros responsables a abordar 'los espacios de impunidad'.
En declaraciones a Efe, el Defensor del Menor pidió que los partidos políticos, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, entre otros, debatan y aborden los 'espacios de impunidad del delito del menor, desde la visión del interés del menor, no desde la visión de la sanción'.
Por su parte, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, defendió que la ley rebaje la edad penal de 14 a 12 años, para poder sancionar agresiones como la de Burgos.
En declaraciones a Efe, Ibarra mostró su solidaridad con la víctima y su familia, al tiempo que lamentó que la alternativa ante estas agresiones sea que la niña cambie de instituto y criticó que la ley del menor no prevea sanciones ante los delitos violentos en las edades de 12 y 13 años.
Al respecto, el padre de la niña señaló que al ser menores los agresores 'no les pasará nada, pero espero que al menos les reprendan'.
07/09/2006 - EFE.Burgos
